En septiembre de 1910, el Congreso de la Nación aprobó la ley 8092, que autorizó al Poder Ejecutivo a constituir una zona franca en el puerto de Concepción del Uruguay. La norma había sido impulsada por el abogado, diputado nacional y vicegobernador de Entre Ríos, Mariano López, una figura casi legendaria de Concepción, ciudad que lo designó intendente y de cuya recordada gestión dan testimonio la modernización del puerto y otras importantes obras.

Esto lo contó Juan Antonio Izaguirre, director periodístico de Radio Total, la influyente emisora local. Agregó que nada se concretó, hasta que un «empedernido buscador de razones para ser optimista», Jorge López, arribó en 1980 al Centro Comercial, Industrial y de la Producción de la ciudad con este olvidado dato bajo el brazo. La comisión directiva de la institución lo nombró gerente.

Desde ese lugar comenzó una serie de acciones, incluyendo el envío de notas a legisladores, lo que sólo sirvió para estimular la presentación de otros proyectos de zonas francas, que llegaron a ser más de 40 a fines de la década del 80. Según Izaguirre, como resultado de esa actividad se despertó la iniciativa de la zona franca La Plata, que había sido autorizada en 1907, unos años antes que la de Concepción del Uruguay. En 1991, a instancias de Jorge López y de Izaguirre, se conformó el Grupo de Apoyo a la Zona Franca.

Una nueva etapa

En octubre de 1991, fueron recibidos por el ministro de Interior, José Luis Manzano. Resumo a continuación lo que me informó sobre este período Guillermo Grandi, administrador del Instituto de Zona Franca de Concepción del Uruguay, es decir, el ente licitador y de control de esta iniciativa.

En junio de 1997, el gobierno nacional aprobó la propuesta provincial de adjudicar la concesión de la zona al Grupo Ildarraz (estancias en Entre Ríos), Loprimo (depósitos fiscales y operador de comercio exterior) y Compañía de Minas Mogote Río Blanco (de La Rioja). Estas empresas entraron en conflicto entre ellas, no constituyeron la sociedad anónima y las obras se paralizaron. La provincia decidió dar marcha atrás con la concesión y, en julio de 1999, el entonces ministro de Economía, Roque Fernández, confirmó la revocación del contrato.

A principios de noviembre último, la provincia culminó un nuevo proceso licitatorio preadjudicando al único oferente, un consorcio conformado por Roberto Julio Ildarraz, Magdalena Williner de Remonda y Debernardi y Asociados. La Secretaría de Industria, Comercio y Minería (SICM) hizo posteriormente algunas observaciones respecto de la preadjudicación. Pocos días después se produjo la salida del jefe del Area de Zonas Francas de la SICM, el justicialista Oscar Oseira, que algunas versiones vincularon con la presunta demora del expediente.

Hace unos días, la adjudicación pareció obtener luz verde cuando trascendió un dictamen favorable de una asesora legal del Ministerio de Economía. Se redactó entonces el decreto confirmando la decisión, que cursó sin obstáculos las instancias técnicas. La semana última, cuando en Concepción comenzaban a celebrar, hubo una nueva e inesperada demora: la SICM decidió dar intervención a la Procuración del Tesoro.

Las observaciones son básicamente tres: que la licitación se habría realizado según la ley de contabilidad provincial, que en caso de controversias o conflictos se estipulan los tribunales provinciales, y que habría una relación entre este nuevo adjudicatario y uno de los socios desplazados de la concesión revocada. El dictamen interno del Ministerio requería corregir lo de los tribunales provinciales en oportunidad de celebrar el contrato, en tanto que desestimaba las otras cuestiones.

Grandi, que fue designado en diciembre último por las nuevas autoridades de la provincia (Alianza), destacó que esta licitación se hizo durante la administración provincial anterior (PJ) y que cuenta con el apoyo del municipio (justicialista).

Aunque Grandi no lo dice, la marca estrecha que implementó el gobierno nacional sobre su burocracia para dar un rápido corte a la adjudicación puso en evidencia la sintonía política con el gobierno provincial. Tal vez para evitar esa impresión y teniendo en cuenta que el adjudicatario revocado interpuso un recurso administrativo (a punto de ser rechazado) y que su socio líder estuvo vinculado con el entorno del expresidente Carlos Menem, la SICM prefiere ahora agotar las medidas administrativas.

Izaguirre dijo: «No hay mal que dure cien años, salvo los trámites para implementar la zona franca de Concepción del Uruguay». Sin embargo, esta demora puede ser solo una cuestión de precaución, que podría ahorrar futuros contratiempos.

El autor es consultor y especialista en zonas francas. E-mail: go@movi.com.ar

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/la-larga-historia-de-un-enclave-nid219474/